Funcionario polémico de EPN venderá a SEDENA ventiladores para COVID-19

José María Tapia Franco, quien como director de riesgos en Protección Civil viajó a Las Vegas en vez de atender las tormentas que azotarían a Guerrero en 2013, es accionista de la empresa que dará a la Defensa Nacional 1,330 ventiladores por un monto de 52 millones de euros; previo a eso, el exfuncionario solo había sido senador suplente y operador del PRI.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) firmó, con carácter de extraurgente, un contrato por 52 millones 606 mil euros (unos 1,350 millones de pesos) con una empresa de reciente creación para la adquisición de 1,330 ventiladores para atender a pacientes infectados con el coronavirus.

El accionista mayoritario es el exsenador José María Tapia Franco, quien en 2018 fue coordinador en la Ciudad de México de la campaña del candidato priísta a la Presidencia, José Antonio Meade.

El contrato, que fue firmado el 30 de marzo, forma parte de la aplicación del Plan DN-III por parte del Ejército para atender la emergencia de salud pública originada por la pandemia del Covid-19.

La adjudicación fue directa, amparada en el decreto del 27 de marzo de 2020 que reconoce la epidemia del Covid-19 como de atención prioritaria, lo cual permite dispensar el procedimiento de licitación pública.

El pedido incluye 600 ventiladores marca Hamilton, de Suiza, cada uno a un precio de 33 mil euros (unos 846 mil pesos), además de 730 ventiladores modelo Shangrila, marca Aeon Medics, provenientes de España y China, con valor unitario de 35 mil euros (alrededor de 898 mil pesos).

José María Tapia confirmó el contrato con la Sedena, aunque se negó a dar una entrevista, con el argumento de que la noche de este lunes estaban en plena operación y logística de la distribución. Ofreció que este martes daría una entrevista sobre la asignación a su empresa.

“Obviamente hay reservas de ley, obviamente hay reservas en el contrato y obviamente queremos hacer las cosas más transparentes porque no estamos haciendo de ninguna manera ninguna cosa irregular”.

El dueño: un funcionario de Peña

La empresa que recibió el contrato de la Sedena para surtir los 1,330 ventiladores se llama Soluciones Integrales en Gestión de Riesgos de Desastres SA de CV, y fue constituida el 19 de diciembre de 2018 ante la titular de la Notaría 163 de Naucalpan, Ana Lilia Janeth Porras Figueroa.

El 50% de las acciones de la empresa pertenecen a José María Tapia Franco, quien entre 2013 y 2016 fue director general para la gestión de riesgos en la Coordinación de Protección Civil, área que dependía del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Entre las funciones principales de Tapia Franco estaba tramitar los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), con los que se auxilia a estados afectados por huracanes, sismos o sequías.

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José Antonio Tapia era subordinado de Miguel Ángel Osorio Chong en Gobernación.

En el periodo en el que Tapia Franco fue director de gestión de riesgos, el Fonden tuvo un presupuesto promedio anual de 7 mil millones de pesos.

En junio de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en la administración de Peña se hizo un negocio millonario con el Fonden, desde la Secretaría de Gobernación.

“Al declarar una emergencia ya no se licita nada y todo se compra de manera directa y había toda una constelación de empresas alrededor del Fonden que eran las que vendían todo: láminas, despensas, catres, todo eso manejado por Gobernación, miles de millones de pesos”, denunció.

Tapia Franco gestionó los recursos del Fonden durante cuatro años (2013-2016), periodo en el que la Auditoría Superior de la Federación documentó constantes desvíos o malos manejos por cientos de millones de pesos.

En el currículum que anexó a sus declaraciones patrimoniales, Tapia refiere que antes de administrar los recursos del Fonden, sus antecedentes laborales eran exclusivamente en el PRI: de 2009 a 2011 como asesor de la entonces presidenta nacional de ese partido, Beatriz Paredes; de 2011 a 2012 secretario de vinculación con zonas metropolitanas y en 2012 delegado de la Secretaría de organización electoral.

Tapia dejó su cargo en Gobernación en octubre de 2016 para ocupar la Secretaría de Acción Electoral del PRI, y justo un año después se convirtió en Senador al ocupar la vacante que dejó Pablo Escudero Morales, del Partido Verde, quien pidió licencia por motivos personales.

El 28 de febrero de 2018, Tapia fue nombrado por el entonces candidato del PRI-Partido Verde-Nueva Alianza a la Presidencia de México, José Antonio Meade, como su coordinador de campaña en la Ciudad de México.<figure><iframe src=”https://docs.google.com/viewer?url=https://contralacorrupcion.mx/wp-content/uploads/2020/04/SOLUCIONES-INTEGRALES-EN-GESTION-DE-RIESGOS-DE-DESASTRES.pdf&amp;embedded=true” width=”100%” height=”500px”></iframe><figcaption>Registro público de la empresa Soluciones Integrales en Gestión de Riesgos de Desastres SA de CV</figcaption></figure>

Celebraba en Las Vegas mientras huracanes arrasaban Guerrero

En septiembre de 2013, mientras los huracanes Ingrid y Manuel amenazaban con golpear las costas del Pacífico mexicano, el funcionario responsable del Fonden se fue a Las Vegas a celebrar las fiestas patrias, haciendo apuestas de hasta 20 mil dólares, según relató el periodista Francisco Zea en Excélsior.

“(Tapia) estuvo hospedado el fin de semana del 15 de septiembre en el hotel Encore, uno de los más caros de la ciudad. Cenó la noche del 15 en el restaurante japonés del complejo hotelero que se llama Mizumi, en el cual cantaba con un mariachi, contratado con motivo de las fiestas mexicanas, haciendo gala de mala voz y de intoxicación etílica. Otro día cenó en el muy caro restaurante Andreas del mismo hotel y se le vio sentado apostando hasta 20 mil dólares en las mesas de Baccarat, de lo cual fue testigo el diputado local del Partido Verde Jesús Sesma, quien, asustado, veía los excesos”, publicó Zea el 23 de septiembre en una columna titulada “En Las Vegas sólo llovió alcohol”.

Posteriormente, el diario Reforma publicó fotografías en las que Tapia aparece en traje de baño agitando dos botellas de champagne en un hotel de Las Vegas.

Pese a que las propias autoridades reconocieron que el responsable del Fonden estaba en Las Vegas mientras los huracanes arrasaron Guerrero con un saldo de más de 100 muertos, no hubo ninguna sanción y se le ratificó en su cargo.

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Funcionario José María Tapia Franco, celebrando en Las Vegas mientras ocurrían los huracanes Ingrid y Manuel que amenazaban con golpear las costas del Pacífico mexicano.

Los socios: más exfuncionarios

En la empresa que el 30 de marzo de 2020 fue contratada por la Sedena para surtir ventiladores, Tapia se asoció con Lorena del Paso Bouchez, quien posee el 40% de las acciones; si bien ella no aparece en el directorio de servidores públicos, representó al gobierno mexicano en foros internacionales, como el encuentro de la Plataforma global para la reducción de riesgos de desastres, que se realizó en mayo de 2013 en Suiza.

En la empresa participan otros dos exfuncionarios de Gobernación, con el 5% de las acciones cada uno: Daniel Monroy Fuentes y Edwin Alejandro Medina Hernández, quienes trabajaban como director y subdirector de área en Protección Civil.

Cuando Tapia se volvió senador, ambos se convirtieron en sus asesores; Monroy cobraba 105 mil pesos mensuales y Edwin 32 mil.

En su currículum, Edwin menciona que antes de ingresar a Gobernación, había trabajado como auxiliar administrativo en el PRI y en la fundación Renee Chaufray, una organización civil que fue demandada civilmente en 2014 por el Conaculta, por incumplimiento de contrato por 11 millones 280 mil pesos. Fue emplazada por edictos, al no localizarla físicamente, lo que implica que la fundación podría ser fantasma o por lo menos tener un domicilio falso.

Uno de los miembros del patronato y socio fundador de dicha organización, Sebastien Andre Georges Belkhelfa Juffet, obtuvo adjudicaciones directas por decenas de millones de pesos cuando el jefe de Gobierno de la Ciudad de México era Marcelo Ebrard, actual Secretario de Relaciones Exteriores, para suministrar pastillas utilizadas en clínicas legales de aborto.

Domicilio inexistente

En el contrato asignado por la Sedena, la empresa proveedora de los ventiladores declaró tener su domicilio en el anillo vial Fray Junípero Serra 517, colonia Hacienda Santa Rosa, en Querétaro, con código postal 76223.

Sin embargo, el mapa de distribución de Correos de México ubica ese código postal en colonias populares del municipio de Santa Rosa de Jáuregui, al norte de la ciudad de Querétaro, y a ocho kilómetros del anillo vial.

Además, el número 517 del anillo vial Fray Junípero Serra corresponde a un baldío, según las vistas consultadas en google maps.

En su sitio en internet (sigerd.com), la empresa aporta como su domicilio el de Paseo de la Reforma 1, Balcones Coloniales, primer piso, en Querétaro, que corresponde a un edificio de renta de oficinas de reciente creación.

MCCI llamó al teléfono que aparece en el sitio de la empresa, y el número corresponde al centro de negocios Black, un sitio de renta de oficinas. En 10 marcaciones realizadas a distintas horas del día no hubo respuesta.

También se envió un mensaje solicitando una entrevista con Tapia o con sus socios a los correos electrónicos que la empresa aportó en el contrato con la Sedena.

A las 5 de la tarde del lunes confirmaron de recibido la petición de entrevista, pero sin dar una fecha para atender al reportero. En el correo de respuesta aparece un nuevo domicilio de la empresa, en Anillo vial Fray Junípero Serra 21260, que corresponde a un edificio de oficinas ubicado en el centro comercial Plaza Antea.

El reportero marcó al teléfono de ese nuevo domicilio y la recepcionista confirmó que en ese lugar está Soluciones Integrales en Gestión de Riesgos de Desastres SA de CV, en una oficina compartida con otras empresas, pero que no había nadie disponible para atender.<figure><iframe src=”https://docs.google.com/viewer?url=https://contralacorrupcion.mx/wp-content/uploads/2020/04/CONTRATO-SEDENA.pdf&amp;embedded=true” width=”100%” height=”500px”></iframe><figcaption>Contrato firmado con la SEDENA el 30 de marzo de 2020</figcaption></figure>

Tienen hasta diciembre para cumplir

La vigencia del contrato será a partir de su formalización (el 30 de marzo) hasta el 31 de diciembre de 2020. Ese es el lapso que tiene la empresa para entregar los ventiladores.

El pago se realizará con un anticipo de hasta el 50% del monto total del contrato; la otra mitad se cubrirá cuando el proveedor haya entregado el total de los equipos médicos.

En caso de que la empresa no pueda cumplir con las obligaciones del contrato, se obliga a devolver a la Sedena el monto total del anticipo mediante transferencia bancaria, más los intereses correspondientes.

En el contrato, el proveedor se comprometió a instalar los ventiladores, hacer las pruebas y capacitar al personal de la Sedena sin costo extra, además de suministrar aquellas partes o refacciones nuevas y originales que sean necesarias para que el equipo adquirido se encuentre al 100% de operatividad.

El general Arturo Coronel Flores, director general de administración de la Sedena, fue el responsable de firmar el contrato, en el cual se establece que el mayor de sanidad Hiram Isabel Mendoza Cruz será el responsable de verificar los aspectos técnicos, lugar y forma de entrega de los ventiladores, condiciones de pago, así como las garantías de cumplimiento y calidad.

El contrato fue firmado, además, por el general Ramón Arturo Valdés Espinosa, por el coronel Teodoro Figueroa Castro, de la subdirección de adquisiciones; por la teniente Sandra Luz Valdovinos Salmerón, asesora jurídica de la dirección general de administración, y por la teniente Yeni Torres Salinas, de la sección de adquisiciones de suministros médicos.

Por parte de la empresa proveedora firmó Edwin Alejandro Medina Hernández, representante legal y socio minoritario.

MCCI solicitó una entrevista con la Sedena para conocer su postura respecto a este contrato, pero no hubo respuesta.

Confidencialidad del contrato

La cláusula 23 del contrato celebrado por la Sedena para comprar respiradores por 1,350 millones de pesos establece que todos los datos y condiciones del contrato son confidenciales, ajeno al conocimiento del público.

Dicha cláusula 23 también prohíbe que las partes divulguen o publiquen los términos y condiciones del contrato, en cuyo caso éstas “asumirán la responsabilidad por este motivo”.

Sin embargo, la Ley General de Transparencia establece que sólo “los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos” podrán ser confidenciales, por lo que el contrato referido debería ser de conocimiento de la sociedad.

A pesar de que todas las contrataciones públicas deben inscribirse en CompraNet, donde se publican los datos relevantes de las contrataciones de todos los órdenes de gobierno, el contrato entre la Sedena y Soluciones Integrales no ha sido registrado.

En enero de este año, el presidente López Obrador afirmó que la emergencia por el Covid-19 obligaría al gobierno a realizar adjudicaciones directas, pero que estas serían transparentes.

“Esto lleva a tener que hacer estas compras sin todo el procedimiento de licitación, esto es lo que ha llevado a eso (…) Lo importante es que no falten los medicamentos, lo importante es que no haya corrupción y que no falten los medicamentos. Entonces, nos apoya la Fuerza Aérea, tenemos equipos para ir a buscar medicamentos donde se necesite. Y tenemos los recursos y tenemos un convenio con la ONU para que todos estos procesos sean acompañados con ellos y nos garanticen transparencia”.

De funcionario a contratista del Sedena de AMLO

El 12 de febrero de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una iniciativa de ley para que ningún funcionario público pueda trabajar en empresas privadas relacionadas con su quehacer gubernamental hasta 10 años después de haber dejado sus cargos. 

Esta prohibición -argumentó- es para evitar que los funcionarios salten a trabajar en empresas relacionadas con el desempeño que tenían en el Gobierno. “Se tiene que prohibir esta práctica; estará en la Ley de Austeridad, ningún funcionario público lo seguirá haciendo, habrá una veda de 10 años”.

El 8 de octubre de 2019, ocho meses después de la propuesta del Presidente, el pleno de la Cámara de diputados aprobó la Ley de Austeridad Republicana que, entre otras medidas, establece el veto a los altos funcionarios.

La Ley fue publicada el 19 de noviembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación y en su artículo 24 establece: “Los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años”.

José María Tapia Franco, quien fue director de riesgos en Protección Civil de 2012 a 2016, es accionista de la empresa que dará a la Defensa Nacional 1,330 ventiladores por un monto de 52 millones de euros; previo a eso, el exfuncionario solo había sido senador suplente y operador del PRI. No han pasado ni cinco años. Pero la ley, ya se sabe, no es retroactiva. 

Esta información fue publicada originalmente por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en: https://contralacorrupcion.mx/funcionario-pena-nieto-contrato-sedena-covid-19/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=funcionario_epn_sedena_covid

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