Nacional

Se suspende a un secretario de juzgado para investigar posibles violaciones en el contexto del caso de José Ángel C.

Derivado de la denuncia interna presentada por el Consejo de la Judicatura Federal el pasado 2 de julio, así como de la denuncia presentada el día de ayer por la Fiscalía General de la República, la Comisión de Disciplina resolvió suspender por seis meses al Secretario involucrado del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México.

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La medida cautelar se dictó para continuar con la investigación y deslindar responsabilidades por posibles violaciones, tales como cohecho, utilización indebida de información, tráfico de influencia, encubrimiento, entre otras. Dicha resolución se toma en el contexto del auto de libertad en el caso de José Ángel C.

La presente suspensión del servidor público no prejuzga su culpabilidad y de ninguna manera limita la investigación exhaustiva que se está llevando a cabo en la totalidad del Juzgado Segundo de Distrito. Como hemos sostenido, en el Poder Judicial de la Federación son muchas y muchos más los juzgadores y servidores públicos honorables, por lo que no toleraremos ningún acto de corrupción o injusticia que vulnere la autonomía e independencia de la justicia federal.

Suscribe CONAGO “Alianza Nacional Emergente por el Turismo”

El gobernador de Baja California Sur, en su calidad de presidente de la CONAGO, presidió la presentación de la estrategia “Alianza Nacional Emergente por el Turismo”

El documento fue aprobado y suscrito de manera unánime por los miembros de la CONAGO

La Paz, B.C.S. – El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, en su calidad de presidente de la Comisión de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), suscribió la “Alianza Nacional Emergente por el Turismo” con el fin de reactivar esta industria en México, de frente a la crisis generada por el Covid-19.

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La Alianza considera siete ejes temáticos: Protección a la salud de turistas y del personal, reapertura y relanzamiento de los destinos, seguridad de los destinos, impulso de la innovación y competitividad de los destinos, impulsar la conectividad y facilitar el ingreso al país, estrategia de promoción turística y propuesta legislativa; así como dos ejes transversales: mantener la trasparencia y asegurar la coordinación y comunicación.

Al respecto, Mendoza Davis, expresó que “la industria turística de México requiere que trabajemos todos, hombro con hombro con la iniciativa privada, para dar el dinamismo e impulso que esta actividad necesita frente a la pandemia por Covid-19”.

El mandatario estatal calificó a esta Alianza como un ejemplo muy claro y positivo sobre cómo trabajar en conjunto en favor del sector, cuya importancia para el desarrollo económico y social de México es preponderante; además de indicar que permitirá dar seguimiento a las acciones propuestas en los siete ejes, mismas que dijo, son precisas y puntuales sobre las responsabilidades que corresponden a cada uno de los actores.

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En ese sentido, hizo un atento llamado al Gobierno Federal y a la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM) para sumarse a este proyecto; asimismo, aseguró que el esfuerzo coordinado brindará la oportunidad de obtener más y mejores resultados en la reactivación de la industria y la recuperación económica del país.

Por otro lado, destacó que desde la CONAGO se continúa trabajando de la mano de cámaras y asociaciones empresariales para homologar los criterios de reapertura a los estándares internacionales, anteponiendo la seguridad y salud de la población y los visitantes.

En la reunión virtual estuvieron presentes también los gobernadores de Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tamaulipas; los representantes de otros 19 Estados; y el titular del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Braulio Arsuaga.

Encuesta realizada por “Causa en Común” afirma abandono institucional a policías

Encuesta aplicada a 4,422 policías revela bajos salarios, imposición de cuotas y capacitación deficiente e insuficiente.

Más del 50% de los elementos de seguridad tienen que pagar con dinero propio sus insumos de trabajo, como sus botas, sus balas y la reparación de su patrulla, revela encuesta realizada por Causa en Común.

Ciudad de México. – Bajos salarios, jornadas laborales extenuantes y necesidad de comprar con su dinero insumos de trabajo, como chalecos antibalas, son algunas situaciones que demuestran el abandono de las policías del país por parte de los gobiernos estatales y el federal, revela la “Encuesta 2019 ¿Qué piensa la policía?” realizada por Causa en Común.

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La encuesta fue aplicada a 4,422 elementos policiacos de 28 entidades de la república, siendo Michoacán, Nayarit, Puebla y Tabasco los Estados que se negaron a participar.

María Elena Morera, presidenta de la organización ciudadana, indicó que, gracias a este trabajo, se pudo constatar que el 51% de los elementos de seguridad ha tenido que comprar con sus propios recursos botas o calzado, el 44% ha adquirido cartucheras, el 25% tiene que pagar las reparaciones de las patrullas que utilizan y el 25% tiene que costear las balas de sus armas de fuego.

En conferencia virtual, la activista ciudadana señaló que este ejercicio estadístico también revela, entre otros hallazgos, que el 65% de los policías no tiene conocimiento sobre cómo realizar audiencias ante un juez; 52% jamás ha recibido cursos de primeros auxilios; el 34% no ha sido capacitado para manejar una patrulla; el 29% no cuenta con capacitación en materia de género y el 19% nunca ha sido instruido sobre uso de la fuerza o detención de personas.

Morera consideró que las carencias de nuestras fuerzas de seguridad, como son sus bajos salarios, se explican por la indolencia de actores políticos que han condenado a las policías al abandono: “Lo peor es que esto se ha tomado como pretexto para militarizar la seguridad pública, definición que no resolverá la crisis de inseguridad que atraviesa el país”, expuso.

Refirió que este olvido institucional es muestra de un estado de cosas “intrínsecamente corrupto e ineficaz”. Bajo estas condiciones, la activista se pregunta si en verdad alguien puede sorprenderse porque nuestros policías no puedan prevenir ni enfrentar la oleada delictiva.

Para María Elena Morera estas carencias son aún más relevantes y preocupantes debido a los recientes casos registrados sobre abusos policiales en el país, los cuales dejan al descubierto las deficiencias de los elementos encargados de la seguridad, ya que es una muestra de que no cuentan o no aplican protocolos ni mecanismos relativos a funciones policiales básicas. “La repetición de este tipo de eventos es un claro reflejo del retraso

sistemático que existe respecto a los programas de profesionalización y certificación de las policías”, indicó.

María Elena Morera hizo un llamado a Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para cumplir con el cambio constitucional aprobado para la creación de la Guardia Nacional, que claramente estipula que, seis meses después de promulgada la ley, todas las corporaciones del país deberían presentar un diagnóstico de sus policías, así como un esquema de fortalecimiento, lo que no ha sucedido.

Además, expresó su preocupación porque no existe presupuesto para echar a andar el Nuevo Modelo de Policía y Justicia Cívica que, supuestamente, sería el modelo para seguir en este sexenio.

La presentación de la “Encuesta 2019 ¿Qué piensa la policía?” fue comentada por Luis de la Barreda, expresidente fundador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como por Héctor de Mauleón, escritor y periodista.

De la Barreda remarcó la importancia que tiene la policía como institución que cuida la seguridad pública del país, y criticó el desprecio a los policías por parte de las autoridades. “Creo que un país como México que ha despreciado [tanto] a la policía está pagando las consecuencias con la alta incidencia delictiva que tenemos al no haber formado policías altamente profesionales”.

Por su parte, Héctor de Mauleón también expuso su preocupación por los bajos niveles de confianza en los cuerpos de seguridad por parte de la ciudadanía, en un contexto en que México vive una violencia sin precedentes: “ya vivimos el año más violento desde que se mide la violencia, el fin de semana más violento, el día más violento, todo esto acompañado por el abandono y desmantelamiento de las policías civiles, así como la militarización de la seguridad pública”.

María Elena Morera consignó que no se puede hablar únicamente de los sistemas de investigación y sanción para los elementos de seguridad, y dejar a un lado todos los demás procesos que contemplan el sistema de carrera policial.

Dijo que no se puede sancionar a un policía que hizo uso excesivo de la fuerza, y olvidar la obligación de la autoridad en ofrecerle una capacitación integral; o bien, la de desarrollar los protocolos necesarios para actuar en situaciones de conflicto: “Es la obligación de las instituciones equiparlo de manera adecuada para hacer frente a las amenazas. Obviar esta última parte, es cubrir el problema sin resolverlo”.

“Si queremos policías de primer nivel, también deben recibir un salario, capacitación y equipamiento de primer nivel. Si queremos que nos cuiden, empecemos por cuidarlos. De lo contrario, nunca contaremos con instituciones civiles que puedan hacer frente a las amenazas”, concluyó Morera.

Para consultar la encuesta, lo puede hacer en: http://causaencomun.org.mx/

Acuerdos Gobierno de México y Conago

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El día de hoy se celebró una reunión virtual de más de tres horas y media, solicitada por el Gobierno de México y cuyo anfitrión fue la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), encabezada por el gobernador Carlos Mendoza Davis, presidente de la Conago y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, respectivamente, en el marco de la coordinación de acciones y trabajos llevados a cabo entre los gobiernos estatales y gobierno federal para la mitigación del COVID-19 y su impacto en la economía nacional y en torno a la estrategia de implementación de regreso a la actividad económica.

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En la misma, se ratificó que federación y estados tienen una obligación legal y moral de trabajar juntos, coordinados, y más aún, en momentos difíciles como el que vivimos.


Los miembros de la Conago y el Gobierno de México reiteraron su disposición y voluntad para que, de forma coordinada continúen sumando esfuerzos en un clima de cooperación plena, en la búsqueda e implementación de mecanismos y acciones que permitan preservar y garantizar la salud y el bienestar de los mexicanos, llegando a los acuerdos siguientes:

1.- La Secretaría de Salud del gobierno de México hará llegar por escrito a las entidades federativas, los indicadores que son utilizados para la construcción del semáforo COVID-19.
2.- Semanalmente, la Secretaría de Salud enviará a los estados los valores observados en estos indicadores por cada entidad federativa, quienes formularán los comentarios y observaciones correspondientes.
3- Una vez alcanzado el consenso entre federación y estados, se procederá a hacer público el semáforo COVID-19.
4.- La federación emitirá una disposición de carácter general con los criterios que deben de aplicar los estados para la mitigación de la pandemia.
5.- Los estados de la megalópolis aceptaron utilizar un semáforo único.

Se contó con la presencia de la jefa de gobierno, la gobernadora y 28 gobernadores estatales; además las secretarias de Economía, Graciela Márquez Colín; del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján; y de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero; también los subsecretarios de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez; y de Gobierno, Ricardo Peralta Saucedo; así como los directores generales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto; y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Luis Antonio Ramírez Pineda.


Asimismo, el titular del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer Aguilar, y el director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Mauricio Hernández Ávila.


Se enlazaron a la videoconferencia las y los gobernantes en el estado de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval; Baja California, Jaime Bonilla Valdez; Campeche, Carlos Miguel Aysa González; Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís; Colima, José Ignacio Peralta Sánchez; Chiapas, Rutilio Cruz Escandón Cadenas; y Chihuahua, Javier Corral Jurado.


Durango, José Rosas Aispuro Torres; Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo; Guerrero, Héctor Antonio Astudillo Flores; Hidalgo, Omar Fayad Meneses; Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza; Michoacán, Silvano Aureoles Conejo; Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo; y Nayarit, Antonio Echevarría García.

Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón; Oaxaca, Alejandro Ismael Murat Hinojosa; Puebla, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta; Querétaro, Francisco Domínguez Servién; Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González; San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López; Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel; Sonora, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano; Tabasco, Adán Augusto López Hernández; Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez; Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez; y Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna.


Los estados de Jalisco y Yucatán asistieron de manera virtual con un representante.

¿De verdad «Ya aplanamos la curva» como dice el Subsecretario, López-Gatell?

Las autoridades de salud se ufanan de que “ya aplanamos la curva” aunque las comparaciones gráficas indican todo lo contrario: la velocidad con la que acumulan diariamente casos es mayor a la de países que sí han aplanado su curva.

El martes 5 de mayo 2020, tanto el presidente como el vocero de la pandemia anunciaron que en México “ya aplanamos la curva” de casos confirmados de Covid–19. El doctor Hugo López Gatell mostró una lámina en la que México aparece por debajo de países como Estados Unidos, España, Alemania y Francia e incluso Suiza en el número de contagios por el virus SARSCoV2.

Hugo López-Gatell Ramírez @HLGatell  · May 5, 2020

De acuerdo con el sitio http://ourworldindata.org  patrocinado por la Universidad de Oxford, en México se está haciendo cada vez más lenta la epidemia; la velocidad de duplicación de casos confirmados es de cada seis días, equiparable con la trayectoria de Suiza y Suecia. 1/2

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Hugo López-Gatell Ramírez @HLGatell

Estamos aplanando la curva, lo que significa que si no hubiéramos hecho las intervenciones masivas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, habríamos tenido muchos más casos en una forma muy precipitada. Hemos reducido entre el 60 y 75% los contagios. 2/2

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7,589 9:32 AM – May 5, 2020Twitter Ads info and privacy 3,144 people are talking about thi

La información de la lámina es clara: son los casos confirmados, pero en letra pequeña y en inglés, se indica que el número de casos confirmados es menor que el número total de casos de Covid–19 en cada país, porque depende del número de pruebas de detección que se hagan. Y en México no se realizan muchas pruebas, entre otras cosas, porque el sistema público de salud tiene limitaciones (por ejemplo, para la vigilancia epidemiológica sólo realiza pruebas al 10% de los enfermos ambulatorios), y en laboratorios privados las pruebas tienen periodos de espera de varios días antes de poder realizarla y costos prohibitivos para la mayoría de los mexicanos, oscilando entre 1,300 y 10,000 pesos.

Entonces, lo que el doctor López Gatell presentó no indica un “aplanamiento de la curva” sino más bien el pequeño número de pruebas, lo cual dificulta saber si México se parece más a Suiza (que según la lámina presentada sí está aplanando la curva de contagios) o a Estados Unidos (que sólo ha podido aplanar la curva tras muchas pruebas y muchos más contagios y defunciones que Suiza).

En resumen, lo que la data oficial arroja es que es que México realiza muy pocas pruebas PCR de detección de Covid–19, por lo que los registros de contagios son necesariamente menores a los que habría si se hicieran más pruebas y, por lo tanto:

  • No hay evidencia de que en México se tengan menos contagios que en otros países, sólo que en México se hacen menos pruebas;
  • No se sabe si realmente ya estamos en la cúspide de la pandemia y por consiguiente ya se empezó a aplanar la tasa de contagios (que no la curva), o si es apenas un pequeño respiro que podría repuntar en breve;
  • No podemos evaluar qué tan efectivas han sido las medidas preventivas, tales como las reglas de distanciamiento social y la Jornada de Sana Distancia, o si más bien hay un subregistro masivo de casos ambulatorios;
  • No tenemos los datos necesarios para planear escenarios de contagio una vez que demos por terminada la cuarentena.

Cierto que no ha sido la regla el apilamiento de cadáveres como lamentablemente se ha documentado en Ecuador, Nueva York e Italia. Cierto que a pesar de la progresiva saturación de los hospitales en el Valle de México aún hay más camas que enfermos y, salvo en Tijuana, es afortunada la situación que ha prevalecido en todo el país. Pero no por ello hacer interpretaciones sobre el fin de la pandemia está libre de riesgo.

El riesgo de celebrar el fin de la pandemia antes de tiempo

El riesgo de que el presidente y su gobierno envíen mensajes sobre optimistas y engañosos, que anuncien que “ya se aplanó” la curva de contagios y que “ya se puede ver la luz al final del tunel” sin mayor estrategia, es que la población interprete que el peligro de enfermase ya pasó y que se relajen las medidas de distanciamiento social sin que existan protocolos de reapertura de la vida social y económica.

Es importante que tanto el gobierno federal como los locales diseñen y anuncien las precauciones que como país deberemos tomar una vez terminada la cuarentena, pues al momento de la reapertura necesariamente se verán repuntes en el número de casos y, con ello, en el número de hospitalizaciones y muertes.

Pruebas, pruebas y más pruebas

Al final, todo regresa a las indicaciones de la OMS de inicios de año, de hacer pruebas, pruebas y más pruebas. 

Con un mayor número de alternativas en tipos de prueba para identificar casos de Covid-19, tanto de detección del virus como de anticuerpos, parece necesario empezar a plantear estrategias coordinadas e intersectoriales en México. Estas estrategias deberán contemplar mecanismos de rápida identificación, registro y aislamiento de todos los nuevos casos de Covid-19, tal como lo han planteado e implementado en Alemania, Nueva Zelanda y Singapur, para aislar los brotes y evitar un nuevo confinamiento masivo con costos económicos terribles y mayores pérdidas de vidas humanas.


La comunicación pública y la gestión de una emergencia de salud

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La comunicación del gobierno con la población es fundamental para atenuar el impacto y mitigar los riesgos durante una emergencia. 

En un primer momento, la transparencia, la oportunidad y la interpretación precisa de la información disponible contribuye a enterar a la población sobre la gravedad de la situación, pero también a detonar el apoyo ciudadano hacia las medidas que deben tomarse – así lo ha manifestado el propio Dr. López Gatell.

Una vez pasada la crisis, la comunicación y el registro de lo acontecido se transforman en un mecanismo de rendición de cuentas.

Es por ello que contar con información completa, oportuna y transparente es algo particularmente importante durante la crisis de Covid-19.

Esta información fue publicada originalmente por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en: https://contralacorrupcion.mx/aplanamos-la-curva-lopez-gatell/

Inicia construcción de 5 sucursales del Banco de Bienestar en BCS

La Paz, BCS.- En alcance a las metas propuestas por el Gobierno de México para la Instalación de las nueve sucursales del Banco de Bienestar en Baja California Sur, se informa que, ya se inició la construcción de cinco de éstas,
en Guerrero Negro, Santa Rosalía, Loreto, Ciudad Insurgentes, y La Paz, quedando en trámite, las sucursales de Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo (Vizcaíno), Ciudad Constitución, San José del Cabo y Cabo San Lucas.

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En el caso del Banco de Bienestar, Sucursal La Paz, estará ubicado en la esquina de Jalisco y Antonio Álvarez Rico, predio cedido por la Secretaría de Educación Pública Federal.
La construcción de estas obras de beneficio social, estarán a cargo del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, y tendrán una duración de 60 días.
Con estas acciones, se pretende facilitar los trámites de los beneficiarios de los programas sociales; la dispersión de estos recursos; y promover su Inclusión en los servicios financieros. Asimismo, acercar la Banca del Estado, a las comunidades que tienen mayores dificultades geográficas y de acceso a estos servicios.
La meta nacional, es construir 2 mil 700 sucursales, de las cuales mil 350 quedarán en operación en el 2020, con un costo unitario de 3.7 millones y una inversión de 5 mil millones de pesos.
De esta manera, el Gobierno de México que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, cumple con otro de sus grandes objetivos sociales para apoyar a los sectores más vulnerables y que más lo necesitan.
Es decir, un gobierno de todos y para todos, con énfasis en los pobres y los más marginados del desarrollo social.

Bienestar presenta denuncia por entrega de tarjetas falsas

Personas ajenas a la institución utilizan la imagen de la dependencia para engañar a la población, se procederá penalmente.

Ciudad de México. – La Secretaría de Bienestar informa que presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia por la probable comisión de hechos, presumiblemente constitutivos de delitos, en contra de quien y/o quienes resulten responsables de la distribución de tarjetas falsas como parte de un supuesto programa del Gobierno de México para apoyar a la población ante la emergencia sanitaria por Covid-19.

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Esta dependencia tuvo conocimiento de que el pasado 29 de abril en el estado de Chiapas personal ajeno a la institución entregó las citadas tarjetas en un acto de presunto fraude, ya que solicitaron a los posibles beneficiarios un pago de 300 pesos, vía depósito en una tienda de conveniencia.

La Secretaría de Bienestar hace un llamado a la población a denunciar este tipo de actos irregulares, donde se utiliza la imagen institucional de la dependencia para hacerlos caer en un engaño, al tiempo que ha instruido a los Delegados de Programas Integrales para el Desarrollo en las 32 entidades del país a mantenerse atentos a fin de detectar casos de este tipo y en su oportunidad dar seguimiento ante las autoridades correspondientes.

La Secretaría de Bienestar reitera que, para acceder a los Programas Integrales del Gobierno de México, las personas sujetas de derecho jamás deben realizar un pago, ni en efectivo ni en depósito, asimismo es importante recordar que los trámites para ser beneficiario de cualquier programa social solo se hacen a través de las visitas a domicilio de los servidores públicos perfectamente identificados, en los módulos de registro oficiales o bien mediante operativos telefónicos en donde los operadores están debidamente acreditados y pueden ser verificados por los canales institucionales (Línea de Bienestar).

Cualquier duda sobre la operatividad de los programas sociales se puede consultar en la página oficial https://www.gob.mx/bienestar, o bien llamar a la Línea de Bienestar 800 63 94 264 (800 MEXICO4), que funciona en un horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas y fines de semana y días festivos de 9:00 a 13:00 horas.

México a un paso del autoritarismo ante medidas del ejecutivo para enfrentar al COVID-19: expertos

María Amparo Casar critica que, teniendo el presidente una historia de lucha contra la concentración del poder, ahora su gestión se mueva hacia un ‘hiperpresidencialismo’

Poner en marcha el Artículo 29 de la Constitución que habla del Estado de Excepción sería el mejor camino para acotar esa iniciativa, sostienen expertos en mesa de análisis

Ciudad de México. – Las iniciativas y decretos propuestos por el Ejecutivo para atender a la pandemia por el coronavirus tienen un claro espíritu autoritario y atentan contra la gobernabilidad, coincidieron expertos en la mesa de análisis ‘Gobernabilidad en México, ante la crisis sanitaria del COVID-19’.

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María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, organización convocante de dicho encuentro, sostuvo que la emergencia sanitaria que vivimos en México se suma a una serie de decisiones impuestas por el Ejecutivo que han alterado la gobernabilidad, y “si alguien se pregunta si la pandemia podría fortalecer el autoritarismo y servir como pretexto para imponer medidas que pasen por encima de los derechos humanos, la respuesta es sí”.

Refirió que estas acciones hacen que nos preocupemos seriamente no sólo por la gobernabilidad sino por nuestro sistema democrático, ya que “las propuestas legislativas recientemente presentadas por el Ejecutivo tienen una clara definición autoritaria o incluso dictatorial”.

Morera expuso que México vive el peor escenario, altos niveles de criminalidad y con un gobierno que no le gusta nuestro sistema democrático e insiste en derrochar recursos en proyectos petroleros sin sentido.

La activista ciudadana comentó que bajo la consigna de que todo lo construido en el pasado es reflejo de un régimen corrupto, se ha iniciado un desmantelamiento sin miramientos de lo que existía, independiente de cualquier análisis sobre sus objetivos y sus funcionalidades.

En su intervención, María Amparo Casar, Presidenta Ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, se mostró sorprendida por el riesgo de ingobernabilidad que vive actualmente el país porque el presidente venía con total legitimidad, con mayoría en las dos cámaras y los que no votaron por él mantenían cierta tolerancia frente a sus políticas

“La gobernabilidad la empezó a perder con las víctimas de las causas que encabeza, con los funcionarios públicos que no votaron por él, los policías, las mujeres y con la comunidad científica y cultural del país, ahí se crearon los polos del descontento”, […] “…el presidente perdió una gran oportunidad para fortalecer la gobernabilidad y es imperdonable por el arranque que tuvo y que desperdició”, apuntó Casar.

Refiere que siendo un presidente que se dice de izquierda, que participó en el PRD, que luchó contra la concentración del poder, y defendía la división de poderes, haya abandonado esa lucha y, en su gestión, concentre más poder al cooptar órganos autónomos: “Estamos ante un jefe del Ejecutivo que está regresando a lo que antes se llamaba el hiperpresidencialismo”, sostuvo la académica.

El economista Jorge Suárez Vélez indicó que, ante la crisis económica que actualmente vive México, la gobernabilidad se verá afectada y será preocupante lo que suceda cuando el presidente pierda el control del Congreso, o se quede sin dinero: “veremos reacciones autoritarias, atacará a los medios con más violencia, se acrecentarán las amenazas contra quiénes no se alineen y Santiago Nieto seguirá siendo el sicario de confianza”.

Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de Pobreza Multidimensional y ex Secretario Ejecutivo del CONEVAL, expuso que el presidente de México enfrenta un país más polarizado, con críticas de movimientos como el feminista, y cuando llega el coronavirus, que no estaba en su libreto, en lugar de cambiar de estrategia, mantiene todo igual.

En tanto, Pedro Salazar Ugalde, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, criticó que hoy en día tenemos un presidente que concentra poderes, toma decisiones que no le corresponde en sus capacidades constitucionales, y genera decretos como si fueran normas.

Sobre la “emergencia económica” con la que Andrés Manuel López Obrador podría hacer un manejo discrecional del presupuesto, el académico propuso poner frenos a esta medida mediante el artículo 29 constitucional ya que “contempla que la emergencia sea declarada pública, se limitan los ámbitos territoriales, la duración de las medidas, los derechos que no pueden ser suspendidos y, sobre todo, se mantienen controles legislativos y jurisdiccionales”.

En la misma línea se pronunció María Elena Morera: “activar el artículo 29 constitucional que define perfectamente el estado de excepción, se le daría un marco claro de lo que sí se pude y lo que no y bajo qué controles”.

Por último, Morera propuso tres posibles acciones de salida ante la crisis que vive el país:

  1. Poner fin a las acciones e iniciativas que atentan contra la división de poderes, y contra la autonomía e independencia de muchas de nuestras instituciones.
  2. Reasignar enormes recursos destinados hasta ahora a proyectos que no tienen vocación social ni sentido económico, y se canalicen hacia la atención de la emergencia sanitaria, el rescate del sistema de salud y hacia un fondo de emergencia en materia de seguridad.
  3. Reconstruir el Sistema Nacional de Seguridad Pública, asegurar mayores presupuestos y un diseño institucional que le permita actuar con eficacia para fortalecer a nuestra policía; consolidar una Guardia Nacional de carácter civil, y enfrentar a los criminales con la contundencia que exigen nuestras leyes.

Este encuentro virtual forma parte del ciclo de mesas de análisis titulado “Violencia, Seguridad y Derechos Humanos ante el COVID-19 en México”, que organiza cada miércoles Causa en Común.

A través de “Ayuda un restaurante”, Stella Artois inyecta en dos semanas 2 millones de pesos a la industria restaurantera con el apoyo de los consumidores

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Ciudad de México. – En las primeras dos semanas de operación de la iniciativa Ayuda un Restaurante de Stella Artois, se ha logrado recaudar en favor de este sector un millón de pesos gracias al apoyo de los consumidores. Este monto se incrementará a 2 millones como resultado de la aportación de Grupo Modelo y Stella Artois.

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La plataforma cuenta hoy con más de mil restaurantes registrados, beneficiando a establecimientos en todo el país, desde pequeños negocios hasta reconocidos restaurantes de fine dining, entre los que se encuentran Carmela y Sal, Bello Puerto, Pangea, Sylvestre, Nobu, Koku, Madre Café, Macellería Roma, entre otros.

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Ayuda un Restaurante es una plataforma que permite que las personas apoyen a sus restaurantes y bares favoritos a través de la compra de tarjetas de regalo para consumo y disfrutarlas una vez que éstos vuelvan a abrir sus puertas. Stella Artois duplicará el valor de cada tarjeta, beneficiando tanto al consumidor como al establecimiento.

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Esto es solo el inicio, aún queda mucho por hacer, pero una vez más podemos demostrar que aunque no estemos cerca, estamos juntos, y que cuando los mexicanos nos unimos, podemos lograr cosas extraordinarias.

Súmate a esta iniciativa y apoya a tu restaurante favorito. Para adquirir las tarjetas de regalo, ingresa a www.ayudaunrestaurante.com.mx

@stellaartoismx

#AyudaUnRestaurante

#PorNuestroMéxico

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ACERCA DE GRUPO MODELO

Grupo Modelo, fundado en 1925, es líder en la elaboración, distribución y venta de cerveza en México y es parte de Anheuser-Busch InBev, compañía cervecera líder a nivel global. Actualmente cuenta con 46 marcas nacionales, entre las cuales destacan Corona Extra, Corona Cero, Negra Modelo, Modelo Especial, Pacífico y Victoria. Exporta siete marcas mexicanas a gran parte del mundo. Es importador en México de las marcas Budweiser, Bud Light, Goose Island y Stella Artois, producidas por Anheuser-Busch InBev. A través de una alianza estratégica con Nestlé Waters, produce y distribuye en México las marcas de agua embotellada Sta. María, Nestlé Pureza Vital, Perrier y S. Pellegrino, entre otras.

ACERCA DE STELLA ARTOIS

Stella Artois es parte de las marcas premium de Grupo Modelo en México, una cerveza con más de 600 años de tradición y de origen belga. Contiene 5% de alcohol y se recomienda servirse en su emblemático chalice. Para el 2020, la cerveza tendrá diversas presentaciones que se adecuen a las formas de consumo del mexicano.

Contrató IMSS en fast track ventiladores para COVID-19

Un día después de la publicación del decreto presidencial que autorizó las compras de equipo médico sin licitación por la pandemia, la empresa Levanting Global Servicios envió una cotización al IMSS, el mismo día le confirmaron la compra y dos días después el contrato estaba firmado. El plazo de entrega ya venció y los ventiladores aún no llegan.

El gobierno federal siguió un inusual procedimiento exprés, de apenas cuatro días, para asignar directamente un contrato por 93 millones de dólares a un proveedor que desde hace 20 años ha sido acusado de fraude, sobornos e incumplimiento.

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El 27 de marzo el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el decreto para exceptuar la licitación pública para agilizar compras para atender la pandemia por Covid-19; al día siguiente la empresa Levanting Global Servicios presentó una propuesta al IMSS para venderle hasta 3 mil ventiladores pulmonares; ese mismo día la institución respondió que era viable asignarle el contrato y dos días después, el 30 de marzo, formalizó la adjudicación.

La empresa expidió ese día una factura para cobrar 660 millones de pesos de adelanto, pese a que el contrato se formalizó hasta el día siguiente, 31 de marzo.<figure><iframe src=”https://docs.google.com/viewer?url=https://contralacorrupcion.mx/wp-content/uploads/2020/04/factura.pdf&amp;embedded=true” width=”100%” height=”500px”></iframe></figure>

El argumento para acelerar el procedimiento fue que así se tendría acceso casi inmediato a los equipos. Sin embargo, el plazo para entregar los primeros ventiladores venció el 14 de abril y la empresa no cumplió.

El pasado 3 de abril, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que la empresa Levanting Global Servicios LLC había sido elegida por el IMSS para suministrar 2 mil 500 ventiladores a un costo de 93 millones de dólares (equivalente a 2 mil 223 millones de pesos al tipo de cambio de ese día).

Posteriormente, MCCI publicó cuestionamientos de tres expertos en aparatos biomédicos, que señalaron el elevado costo de los equipos encargados por el IMSS y manifestaron que ellos, con décadas en el mercado, nunca habían escuchado de la empresa que recibió el contrato.

Luego, el 8 de abril MCCI reveló que el dueño de Levanting Global era Baldemar Pérez Ríos, un empresario guanajuatense residente en Houston que había sido sentenciado por fraude bursátil en Estados Unidos y por falsificación de documentos e incumplimiento de contratos en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad.

Este 16 de abril, una nueva investigación de MCCI reveló que Baldemar Pérez fue investigado por la Función Pública por tejer una red de 30 “empresas fantasma” con las que se hizo de contratos millonarios con Pemex entre los años 2000 y 2010, además de haber sido acusado de sobornar a funcionarios.

Todos esos antecedentes fueron ignorados por el IMSS al momento de adjudicar el contrato millonario de los ventiladores.

El procedimiento exprés

En la conferencia mañanera del 27 de marzo, el presidente anunció el decreto para facilitar las compras de equipo médico y la compra de ventiladores provenientes de China.

“Se necesitan ventiladores, se consiguieron en China. Nos pidieron pago por adelantado y de inmediato el dinero y vengan los ventiladores. De lo contrario, se tendría que mandar la licitación, pero antes de la licitación se tendría que pasar por dos o tres instancias, y es un proceso que lleva un mes. Eso no”.

Al día siguiente del anuncio presidencial, el 28 de marzo, Baldemar Pérez Ríos envió al IMSS la cotización para abastecer tres mil ventiladores de uso médico de las marcas Aeonmed, Perlong y Sepray, todas originarias de China, a un precio de 90 millones 85 mil dólares sin IVA.

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“El producto es de importación y dependemos de la agilidad de la aduana de México, en condiciones normales son 15 días a partir de la fecha de adjudicación”, escribió Baldemar a Ulises Morales Gómez, titular de la unidad de adquisiciones e infraestructura del IMSS.

“La presente cotización avala los equipos mencionados, pero debido a la demanda mundial de la situación de emergencia nos comprometemos a equipos con las mismas características o mejores, previa autorización de su parte”. El oficio tenía la anotación: “Esta cotización es válida las siguientes 24 horas”.

Ese mismo día, el funcionario del IMSS le respondió que su propuesta era viable para concretarse.<figure><iframe src=”https://docs.google.com/viewer?url=https://contralacorrupcion.mx/wp-content/uploads/2020/04/carta-del-28.pdf&amp;embedded=true” width=”100%” height=”500px”></iframe></figure>

“Estimado ingeniero Pérez: Después de haber revisado y analizado su propuesta tanto técnica como económica (…) le informamos que vemos la factibilidad y nos permitimos comunicarle que existe la viabilidad de continuar con el proceso”, escribió Morales Gómez en el oficio en el que se menciona que se envió copia del mismo al presidente López Obrador, al embajador de China, Zhu Quingqiao, y al director del IMSS, Zoé Robledo Aburto.

“Sabiendo de la urgencia que la situación requiere, estaremos dando respuesta inmediata a la misma, dejando abierta la posibilidad de poder incrementarlos en los modelos en existencia”, concluyó el escrito oficial.

Dos días después, el 30 de marzo, el IMSS envió un oficio a Levanting Global Servicios LLC, compañía en la que Baldemar es accionista, directivo y apoderado legal, para comunicarle que la institución había autorizado adjudicarle el contrato para surtir 2 mil 500 ventiladores y no los 3 mil que había propuesto inicialmente la empresa, a un precio de 93 millones de dólares, IVA incluido.

Se le citó para que acudiera a formalizar el contrato ese mismo día a las 2 de la tarde, en las oficinas del IMSS de la colonia Roma norte.

El mismo 30 de marzo, el coordinador de presupuesto del IMSS, Eliécer Moreno Peralta, envió una serie de oficios al coordinador de planeación de infraestructura médica, Juan Pablo Villa Barragán, para solicitar la transferencia de 2 mil 201 millones 705 mil pesos para adquirir los 2 mil 500 ventiladores para la emergencia sanitaria por Covid-19.

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La singular cotización más barata

Aquel día, coincidentemente, Baldemar recibió una confirmación de venta de una empresa asentada en China, de nombre Stefano International Commerce, por 2 mil 500 ventiladores a un precio de 32 millones de dólares, casi una tercera parte de lo que su compañía Levanting Global le había vendido al IMSS equipos idénticos.

Los modelos de ventiladores descritos en el oficio de Stefano International son los mismos que Baldemar había ofrecido al IMSS.

Cada ventilador Aeonmed, modelo 510S con stand y accesorios fijos, habría sido vendido al IMSS a un precio unitario de 13 mil 450 dólares (sin IVA), mientras que Stefano International se había comprometido a venderle a Baldemar cada equipo de las mismas características y marca en 4 mil 899 dólares.

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Baldemar negó que los ventiladores del IMSS sean los mismos que aparecen en la confirmación de venta de Stefano. De hecho, aseguró que no tiene relación de negocios con esa empresa china.

Domicilio de proveedor en Panama Papers

Stefano International es una empresa que reporta su domicilio en Shangai, aunque en anteriores operaciones de comercio exterior consultadas por MCCI menciona que tiene sus oficinas en el despacho 4 del edificio Bright Way Tower de Hong Kong, ubicado en el número 33 de la avenida Mong Kok, en Kowloon.

Ese mismo domicilio aparece en el Panamá Papers, la gigantesca filtración de documentos confidenciales del despacho Mossack Fonseca, que evidenció una red global de evasión de impuestos y lavado de dinero.

Según la base de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que coordinó el proyecto del Panamá Papers, el despacho que ha ocupado Stefano International también es el domicilio legal de Protruly (Hong Kong) Electronics Co., propiedad de Protruly Electronics Ltd., una empresa “fachada” incorporada el 31 de marzo en las islas Seychelles, ubicadas en el Océano Índico.

MCCI consultó bases de datos de comercio exterior y constató que Stefano International ha tenido operaciones comerciales en México, pero no como proveedor de ventiladores médicos, sino como comercializador de pantuflas y zapatos de material sintético de muy bajo precio.

Anticipo antes de firmar el contrato

Aunque el contrato entre el IMSS y Levanting Global Servicios se firmó el 31 de marzo, la empresa se adelantó y a las 5:52 de la tarde de un día antes emitió al IMSS una factura por 660 millones 511 mil pesos como anticipo.

El contrato con Levanting Global –del que MCCI tiene copia– contiene una cláusula en la que el IMSS se comprometió a entregar por adelantado el 30% del monto total del contrato mediante transferencia electrónica interbancaria.<figure><iframe src=”https://docs.google.com/viewer?url=https://contralacorrupcion.mx/wp-content/uploads/2020/04/contrato.pdf&amp;embedded=true” width=”100%” height=”500px”></iframe></figure>

Para ello, además de la factura, la empresa se obligó a entregar una garantía equivalente al monto del anticipo.

Esa fianza a favor del IMSS fue expedida por Aseguradora Aserta el 31 de marzo, por un monto de 28 millones 92 mil dólares (que es el equivalente al 30% del anticipo), según consta en los documentos adjuntados al contrato.

“Aseguradora Aserta SA de CV (…) se constituye fiadora por la suma de 28,092,300 dólares, fianza otorgada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para garantizar por Levanting Global Servicios LLC SA, la debida amortización total del anticipo otorgado”, se lee en el documento entregado por un abogado de la empresa.

No obstante, Zoé Robledo, director del IMSS, ha declarado que la institución no pagó un peso de esos ventiladores y que pagarán hasta que los reciban y verifiquen que cumplen con los requerimientos acordados en el contrato.<figure><iframe src=”https://www.youtube.com/embed/zUixXZMxurE?start=6810″ allowfullscreen=”” width=”560″ height=”315″></iframe></figure>

Carlos Olmos, vocero de Levanting Global, coincidió en que el IMSS no dio el anticipo –pese a que se expidió la factura– y que toda la operación comercial que se realiza en China para adquirir los ventiladores ha sido financiada por la propia empresa.

El contrato fue firmado por Alberto Flavio Balderas Hernández, apoderado legal del IMSS, y María Antonieta Valdovinos Lara, representante de Levanting Global, en el cual acordaron que el pago del total de los ventiladores se hará hasta que se entreguen los ventiladores a entera satisfacción del instituto.

Incumplen plazo

El plazo de vigencia del contrato se estableció hasta el 31 de diciembre de 2020, pero se incluyó una cláusula en la que la empresa se comprometió a entregar los primeros equipos a los 15 días naturales contados a partir del día siguiente de la notificación de la adjudicación. Ese plazo venció el 14 de abril, porque la adjudicación se notificó a la empresa el 30 de marzo.

Un representante de la empresa aseguró la semana pasada a MCCI que a más tardar el 17 de abril se entregarían mil ventiladores. El contrato establecía que el sitio de entrega sería en el almacén central del IMSS en la colonia Vallejo, en la Ciudad de México.

En el contrato se estableció una pena convencional por cada día natural de atraso en la entrega de los equipos, equivalente al 1.25% sobre el valor de los bienes.

La cláusula décima establece que el IMSS podrá devolver los ventiladores al proveedor si no cumplen con las características prometidas.

En la cláusula 19 se menciona que el contrato podrá ser rescindido si el proveedor incurre en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada, si incumple total o parcialmente, o si entrega bienes incompletos o con descripciones y características distintas a las pactadas.

Cancillería dice no haber sido enterada

En la actual emergencia sanitaria, las adquisiciones de mercancía en China son notificadas al gobierno de aquel país.

Así lo hizo el IMSS el 28 de marzo, cuando envió copia, para su conocimiento, al embajador de China de los oficios de negociación que sostenía con Levanting Global Servicios para adquirir ventiladores.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su vocero Roberto Velasco Álvarez, aseguró que nunca estuvo enterada de la negociación de esos equipos.

Velasco Álvarez dijo a MCCI que no tuvieron nada que ver con esa adquisición aunque admite que la SRE ha estado ayudando con compras, específicamente al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

“Si bien nosotros no hacemos ningún tipo de compra simplemente les estamos ayudando a través de nuestra embajada en China a ubicar proveedores”, explicó y luego corrigió: “tanto en China, pero también en Estados Unidos y Alemania”.

Reiteró que no tuvieron conocimiento ni participaron en el tema de Levanting Global. “Eso estaría en la cancha del IMSS”. A través de whatsapp envió un mensaje que dice: “SRE nunca ha estado ni enterada ni involucrada”.

AEONMED niega acuerdo

La agencia de noticias financieras Bloomberg publicó el pasado miércoles que el fabricante chino de dispositivos médicos Beijing Aeonmed negó conocer a la empresa Levanting Global que actúa como intermediaria para venderle al IMSS ventiladores de esa marca.

Cuando Bloomberg se puso en contacto con Aeonmed, la empresa dijo que no tiene un acuerdo ni con Levanting ni con el Gobierno mexicano para vender dos mil 500 ventiladores.

Lo anterior, a pesar de que Levanting Global asegura que ya le pagó a Aeonmed más de cinco millones por el equipo. «Todo ha sido arreglado, pero como no están autorizados para hablar ahora, en el momento en que tengan todo listo, una vez que estemos enviando, podremos hablar de todo», justificó Baldemar Pérez, dueño de la intermediaria, en una entrevista con la agencia.

El 8 de abril, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China estimó que ese país solo puede fabricar alrededor de dos mil 200 ventiladores cada semana, una cantidad inferior a la que supuestamente negoció Levanting Global para el IMSS.

Esta información fue publicada originalmente por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en: https://contralacorrupcion.mx/covid-19-imss-ventiladores-fast-track/